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Este organismo, la máxima autoridad electoral, y que tras la reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en 2007, ha ganado en protagonismo y poder. Tiene entre sus atribuciones: vigilar la legalidad de la comunicación política electoral de los partidos (dedicando especial atención a campañas negras o negativas); regular a los medios de comunicación en materia electoral y administrar los tiempos del Estado; revisar las acciones de funcionarios públicos, de partidos y candidatos; además de coordinarse con el resto de los organismos electorales.

Es posible que, como muestra el artículo publicado por la periodista Daniela Sánchez en la revista Entorno Político «Desafío del IFE: recuperar credibilidad», publicado en el mes en curso, este paquete de atribuciones esté generando una sobrecarga imposible de cumplir eficazmente por el Instituto en esta contienda.

Pero eso no es todo. Dentro de este contexto ha surgido otro problema, tema toral de las mesas redondas: Desde hace un par de semanas, un movimiento ciudadano espontáneo, movilizado a través de los numerosos recursos de Internet, y al que se ha sumado buena parte de la intelectualidad de este país, está defendiendo la posibilidad de acudir a las urnas el próximo 5 de julio y anular el voto.

Este tipo de conducta deriva del sentimiento de desafección hacia la clase polítíca por una ciudadanía cada vez más apartada de la toma de decisiones y, por lo tanto, con un claro déficit de representatividad, sumidos al abuso de partidos cada vez más poderosos, cada vez más herméticos, y cada vez más compinchados entre sí, recelosos de perder la parcela de poder que les ha tocado.

En definitiva, este movimiento anulista pretende crear un ambiente de crispación en torno a esta clase política. Realmente, y en términos de sistema electoral, no existe ninguna validez jurídica directa para este tipo de voto, pero creo que eso no es lo más importante. El objetivo principal es dar un toque de atención a la clase política y, que ella misma, vea la necesidad de una serie de cambios en la forma de hacer política en este país.

Los expositores declararon que en una encuesta realizada a raíz del auge de este movimiento, los resultados indicaron que el 5% de los encuestados estaban decididos a anular su voto; mientras que un 10% se encontraba aún indeciso entre algúna opción partidista o anular su sufragio.

De esta manera, estamos asistiendo a un fenómeno de consecuencias desconocidas, y que seguirá dando de que hablar incluso después del 5 de julio.