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Dentro de un proceso judicial, sobre todo cuando hablamos de delitos penales, cada vez cobra mayor importancia el papel que juegan los medios de comunicación en dicho proceso, sobre todo en la medida en que las informaciones publicadas influyen en la opinión pública y como ésta puede llegar a afectar, entre otros, a la imparcialidad de los jueces encargados de la sentencia.

La gestión de la inevitable tensa relación entre los medios de comunicación y el poder judicial, sobre todo el conflicto entre los derechos de la personalidad y la libertad de información, resulta fundamental para la correcta aplicación de la ley.

Distintos expertos, en opinión pública y en derecho, señalan que las noticias sobre procesos judiciales son potencialmente vulneradoras de distintos derechos fundamentales: honor, intimidad, propia imagen y presunción de inocencia.

Si bien es cierto que los medios de comunicación y, en especial, la investigación periodística, es un medio de control de la actividad institucional del poder judicial, contribuyendo en muchos casos a descubrir asuntos y situaciones ilegales que acaban posteriormente en los tribunales.

Sin embargo, el derecho de información ha sido tergiversado en favor de un proceso informativo desarrollado por los medios de comunicación excesivamente trivial a la hora de tratar temas de índole judicial, especialmente penal. La veracidad exigible a los medios de comunicación ha dado paso a la dramatización y espectacularización de la información.

Conceptos como “juicios paralelos” o las denominadas “penas de televisión” están instalados en la cobertura informativa de los distintos países y ponen a prueba los importantes mecanismos de autocontrol aplicados por los profesionales de los medios de comunicación.

Siendo conocedores de esta situación de conflicto entre derechos fundamentales:

¿Puede el análisis mediático suponer una herramienta que sirva como prueba documental en procesos judiciales?

¿Puede el análisis mediático evaluar la afectación del “juicio paralelo” en la reputación social de un investigado o acusado, y ser esto tenido en cuenta por los jueces?

Las peritaciones sociológicas, cada vez más utilizadas como elemento clave para la resolución de procesos judiciales, pueden dar paso a las peritaciones mediáticas, es decir, a la posibilidad de plasmar en prueba documental, a través de profesionales analistas de medios y comunicólogos, la posible influencia de los “juicios paralelos” o “penas de televisión” en el proceso judicial.

De esta forma, la realización de un estudio de análisis mediático del encausado y del propio proceso permitiría conocer y plasmar de forma exhaustiva la imagen proyectada por los medios de comunicación, atendiendo a los siguientes parámetros:

• Visibilidad y notoriedad mediática del investigado/acusado.
• Atributos a los que sale vinculado.
• Evaluación mediática, para conocer el tono de las noticias en las que el investigado sale relacionado.

Además del espacio que ocupa la presencia del investigado en la información, los elementos de la noticia en la que sale mencionado su nombre, el uso de fotografías e incluso el género informativo en el que es tratado su caso, un análisis mediático considerado como informe pericial puede realizar un examen más exhaustivo sobre su reputación, respondiendo a cuestiones del tipo:

 

• Se ha vulnerado el secreto de sumario.
• El periodista hace una calificación jurídica exacta.
• La información respeta los tiempos judiciales.
• La información realiza atribución de culpas.
• De qué tiempos procedimentales informa.
• Sale el investigado/encausado vinculado a otro acontecimiento delictivo.
• La información vincula el delito como un fin de beneficio personal, beneficio para un grupo o social, o con ningún beneficio.
• La información es sesgada, fragmentada, descontextualizada.

 

En definitiva, estas peritaciones mediáticas, incorporadas a las ya utilizadas en el ámbito sociológico, no sólo pueden ser útiles, como hemos desarrollado en este artículo, en los casos de delitos de personas físicas, sino también en los procesos en los que están involucradas empresas, como una forma de conocer el grado de afectación de las informaciones de los medios de comunicación sobre la opinión pública y, por extensión, en la cuenta de resultados de dichas corporaciones cuando se encuentran envueltas en procesos judiciales.